Reseña histórica del derecho al voto por parte de las mujeres en El Salvador.


En El Salvador, el derecho al voto ha sido plasmado en sus diferentes Constituciones, desde sus inicios la constitución de 1886  reconoce como ciudadanos a todos los salvadoreños mayores de dieciocho años, los casados y los que hayan obtenido algún titulo literario, auque no hubiesen llegado a esa edad según lo estipulaba el Articulo 51 de la constitución en 1886,  el derecho al voto estaba contemplado específicamente en el Art. 120. el cual decía textualmente “En estas elecciones tendrán voto directo todos los ciudadanos”, obligando a los ciudadanos a ejercerlos, específicamente refiriéndose a los hombres, quienes en aquella época eran los únicos que podían ser  ciudadanos y de acuerdo a la Ley Electoral, los  facultados para ejercerlos, dejando una clara discriminación hacia el sexo femenino.


Debido a eso y a la creciente presión social es como el 5 de diciembre de 1938 la Asamblea Legislativa emitió una ley en la que reconoció que las mujeres casadas mayores de 25 años  tenían derecho al voto, para ejercerlo  tenían que presentar su cedula de vecindad y su acta matrimonial,  y para  las solteras de 30 años poseedoras al menos del certificado de sexto grado de escolaridad. Lo cual  quedó consignado en la constitución política de 1939 en sus Arts.21 y 22, auque tuvo poca aplicación práctica.

Con la revolución de diciembre de 1948, se da inicio a un periodo de modernización sin precedentes en el país: a nivel cultural, la modernización pretendía articular un modernizador.

La sala de lo constitucional estableció que el ejercicio del sufragio es un principio fundamental de la democracia que, entre las características, debe ser universal, es decir, que se reconoce a todos los miembros del cuerpo electoral, sin que pueda hacerse ninguna distinción por razón de raza, sexo, religión o cualquier otro motivo de diferenciación arbitraria.


Como vemos en lo antes expuesto, la mujer salvadoreña vivió contundentemente relegada de un derecho ciudadano, ganando territorio poco a poco a través de cada constitución que era promulgada en el país, hasta que en el año de  1950 se promulga una nueva Constitución, la cual reconoció textualmente en su Artículo. 22 que cita de la siguiente manera “son ciudadanos todos los Salvadoreños, sin distinción de sexo, mayores de dieciocho años”.

La referencia  al voto femenino en El Salvador hace alusión  a la constitución de 1950, que tuvo la virtud de establecer el voto universal sin impedimento alguno. Sin embargo, la lucha del voto femenino que venia desde mucho tiempo atrás se remontan a las exigencias del ejercicio del sufragio y la postulación de Prudencia Ayala como la primera candidata mujer para elecciones presidenciales en las elecciones de 1930.

La figura de Prudencia Ayala es el indicador más claro de un ambiente, nuevo y desconocido, de libertades democráticas que favorece la existencia de grupos de mujeres y de su politización, para esa época en El Salvador las mujeres no tenían derecho al voto. Sin embargo causa sensación la figura de Prudencia Ayala en la década de los años 20, quien se declaró “orgullosa de ser una humilde india salvadoreña”

En 1952 se celebraron las primeras  elecciones legislativas y municipales en las cuales tiene participación de  la mujer salvadoreña. Si bien su desenvolvimiento fue inicialmente atenuado, la inserción de la mujer en la política ha sido un proceso que hasta la fecha se ha desarrollado en cierta medida. Prueba de lo anterior es que en la actualidad, a excepción de la presidencia de la república, la presencia femenina se ha observado en todos los cargos de elección popular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos quince años en El Salvador y en otros países de América Latina, con más antelación que acá, se ha dado un movimiento amplio de mujeres. 

En nuestro país, a pesar que las mujeres representan el 52% de la población, su participación en los espacios políticos representa significativas brechas para la igualdad sustantiva. 

Las estadísticas sobre la participación sobre la participación de las mujeres en los gobiernos locales (periodo 2012-2015), revelan que solo un 10.7% de estos es liderado por mujeres como alcaldesas, en relación a las diputaciones, de 84 escaños solamente 23 los ocupan mujeres, representando un 27.4% de mujeres en el ámbito legislativo.

En la actualidad el país cuenta con una normativa específica sobre los derechos de las mujeres a la igualdad, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra las mujeres (LIE) que establece los criterios de aplicación del principio de transversavilidad en la actuación de las instituciones del estado, esta Ley señala que la estrategia de transversalidad del enfoque de género, se aplicará de forma progresiva y coordinada en el diseño, implementación, seguimiento, evaluaciones de las políticas públicas estatales y de otros instrumentos, procedimientos, mecanismos y normativas de las instituciones del Estado.

El Art 4 de dicha Ley establece en el numeral 3  que entre los alcances de esta se encuentra la de: “Desarrollar pautas de socialización de Mujeres y hombres, basadas en el reconocimiento de la plena equivalencia humana, política, social, económica y cultural de ambos, en el mutuo respeto a sus a sus diferencias de cualquier tipo; en el respeto de sus potencialidades y talentos personales y colectivos; en el reconocimiento de su responsabilidad y de sus contribuciones equivalentes a la subsistencia y supervivencia humana; de sus aportes al desarrollo, la democracia, y de sus capacidades para participar en la dirección y conducción de la sociedad”.

En febrero del presente año la  Asamblea Legislativa aprobó el Decreto 370 que contiene la Ley de Partidos Políticos para establecer en su estatuto los procedimientos para promover la participación de mujeres y jóvenes en sus órganos de dirección y en las candidaturas de elección popular.

 Si bien es cierto que más de medio siglo mas tarde ese panorama ha cambiado, aun falta mucho trabajo por hacer y muchos cambios por lograr para que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres sea una realidad cotidiana en El Salvador.  Y para eso el derecho al voto es un arma poderosa en manos de hombres y mujeres de cualquier credo, razón social, o ideología política, porque es  una de las más altas expresiones de  su libertad y de su apoyo al ejercicio democrático que el sufragio representa.

 

TSE - género y participación .