El Voto Residencial es una modalidad de votación en que la ciudadanía ejerce el sufragio en el centro de votación más cercano a su lugar de residencia, según la dirección contenida en su Documento Único de Identidad (DUI).  

La organización se realiza a través de la creación de sectores electorales que agrupan núcleos de población y que comparten la misma circunscripción dentro de un municipio.

La implementación de esta modalidad de votación en El Salvador, cambió la forma tradicional en que la gente votaba; ya que con el sistema de voto domiciliar, en las zonas urbanas se hacía en razón de la primera letra del apellido y en el área rural la población acudía desde sus cantones al casco urbano de su municipio.

Las iniciativas para implementar el voto residencial surgieron en la década de 1990, después de la firma de los Acuerdos de Paz; se hizo una profunda reforma electoral y se creó el Tribunal Supremo Electoral en sustitución del Consejo Central de Elecciones.

Una de las propuestas surgió el 18 de abril de 1994, hecha por los candidatos a la presidencia de la República Armando Calderón Sol y Rubén Zamora (contendientes a la segunda vuelta), a fin de acordar una agenda de reformas electorales que ejecutaría quien resultara ganador para el período de 1994 a 1999.

En 1996, una comisión creada por el entonces presidente Armando Calderón Sol hizo algunas recomendaciones, pero no fueron concretadas en acciones.

Posteriormente, en las elecciones legislativas de 1997, uno de los argumentos fue la falta de tiempo para poder implementar el acercamiento de urnas y que debía dejarse para la elección de 1999.

Durante esa misma década, se estableció un convenio de cooperación entre los organismos electorales de Costa Rica y El Salvador; en ese marco, se elaboró un diagnóstico para instaurar el voto residencial en El Salvador, del cual salieron algunas recomendaciones que debían ponerse en práctica en la elección de 1999.

En ese mismo año, a partir de recomendaciones hechas por una misión de apoyo de las Naciones Unidas, el TSE decidió iniciar un plan de acercamiento de urnas a los electores, que en su primera fase pretendía elaborar una lista de al menos  600,000 personas distribuidas en más de 900 centros de votación en todo el país, para que escogieran un nuevo centro de votación.

Sin embargo, solo 380,041 ciudadanos se acercaron a los lugares habilitados para formar parte de ese listado. Diversos problemas logísticos y el cambio de magistraturas al interior del TSE, impidieron concretar el proyecto para las elecciones de 2000.

En febrero de 2001 fue emitido el Decreto Legislativo 293, que puso de nuevo el tema de voto residencial en la agenda.

El decreto 293 fue reformado y se emitió el decreto 834 que establecía que el voto residencial se ejecutaría a partir de las elecciones presidenciales de 2004.

Adicionalmente establecía que la cartografía electoral debía iniciarse en las zonas rurales del país y posteriormente en el resto del territorio y que estaría concluida antes de la convocatoria a elecciones de 2004. 

En ese momento el TSE adujo limitación de capacidades técnicas para asumir esta modalidad en dichas elecciones. En las elecciones de 2004, un hecho significativo fue haber votado con el DUI por primera vez.

También, en septiembre de 2003, por medio del decreto 133 se derogó por completo el decreto 293 y se definió que el voto residencial se comenzará a implementar a partir de las elecciones de 2006.

Es así como, en las elecciones legislativas y municipales de 2006 se implementó el primer plan piloto en siete municipios y en el 2009 se amplió a 23, incluyendo todo el departamento de Cuscatlán.

Tres años después, en las elecciones presidenciales, legislativas y de concejos municipales, se ejecutó la primera etapa que abarcó 185 municipios de 9 departamentos del país.

En las elecciones presidenciales del 2 de febrero de 2014, el país tendrá la modalidad de voto residencial en los 262 municipios, incluyendo los 77 de cinco departamentos que aún estaban pendientes para esta segunda etapa.

El TSE cumplirá de esa manera, con una de las principales deudas del país en materia de facilitar a la ciudadanía el ejercicio del sufragio más cerca de su residencia.